25N: Contra todas las formas de violencia que golpean a las mujeres venezolanas
25N: Contra todas las formas de violencia que golpean a las mujeres venezolanas
La violencia de género no solo constituye una brutal violación de los derechos humanos, sino que expresa una desigualdad histórica que hunde sus raíces en la división de clases y en la existencia de oprimidos y opresores. Dentro de esa estructura de subordinación impuesta por el poder económico y político del capital, las mujeres han sido históricamente relegadas a roles impuestos por la sociedad de clases, siendo explotadas y violentadas en múltiples ámbitos.
En el contexto mundial, marcado por la crisis del capitalismo, el avance de la derecha, el neoliberalismo y las crecientes guerras y agresiones imperialistas, se profundiza la violación sistemática de los derechos de las mujeres. Los cuerpos de las mujeres se convierten en botín y territorio de disputa en los conflictos armados.
Las mujeres palestinas enfrentan uno de los escenarios más atroces: el genocidio contra su pueblo implica una violencia sistemática en todas sus dimensiones, desde los bombardeos indiscriminados hasta la negación del derecho a la vida, a la alimentación y a la dignidad. El asesinato de mujeres palestinas forma parte del proyecto sionista de destruir la vida reproductiva y, con ello, la continuidad misma de su pueblo.
Lo mismo viven las mujeres en Ucrania, sometidas a la deshumanización que impone la guerra; las de Sudán, el Congo y Myanmar; y aquellas afectadas por los conflictos en Siria, Líbano y en todo el Medio Oriente. Estas guerras, impulsadas por intereses imperialistas, han multiplicado la trata y el tráfico de personas, la prostitución forzada y la pauperización extrema de la vida, dando lugar incluso a formas contemporáneas de semiesclavitud.
En Venezuela, la situación de las mujeres está marcada por una profunda crisis que las coloca en condiciones de grave vulnerabilidad. La precariedad económica se convierte en antesala y base para la expansión de todas las formas de violencia basada en género.
La falta de estadísticas oficiales transparentes sobre violencia contra la mujer —pues la información proviene principalmente de registros independientes de ONG— impide conocer con rigor la magnitud del problema y dificulta la formulación de políticas públicas efectivas. La ausencia de datos actualizados y desagregados de organismos como el INE, CICPC, Ministerio Público y el TSJ genera una alarmante opacidad.
El incremento del abuso sexual, especialmente contra niñas y adolescentes, es motivo de profunda preocupación. Se estima que miles de casos se reportan cada año, aunque la mayoría permanece en la cifra oscura por miedo, desconfianza institucional y revictimización. A esto se suma la violencia física, psicológica, patrimonial y el acoso sexual que sufren las venezolanas diariamente. La crisis económica y política del país agrava su salud emocional, empujándolas a vivir en un estado permanente de ansiedad e incertidumbre.
Las instituciones receptoras de denuncias y los cuerpos policiales se muestran incapaces de dar una respuesta adecuada. Depender únicamente de denuncias en redes sociales como medio de atención es improcedente e ineficaz. Esta ineficiencia institucional contribuye directamente al aumento de los femicidios.
Por otra parte, la migración masiva ha reconfigurado la fuerza laboral femenina. Se estima que millones de mujeres permanecen entre el sector formal e informal, aunque cada vez más enfrentan desempleo, informalidad y salarios inexistentes debido al proceso de bonificación. La crisis ha profundizado la feminización de la pobreza: las mujeres trabajadoras sufren precarización extrema, exclusión del mercado formal y una dependencia creciente de bonos estatales sin valor salarial ni incidencia en prestaciones.
El salario mínimo legal, inferior a un dólar al mes, no garantiza la vida. La bonificación arrebató el carácter protector del salario, condenando a la miseria a obreras, empleadas públicas y jubiladas. Millones de mujeres, incluidas jefas de hogar —muchas de ellas adultas mayores que sostienen familias fracturadas por la migración— sobreviven sin seguridad social y bajo condiciones laborales informales disfrazadas de “emprendimiento”.
Las instituciones gubernamentales creadas para la atención y protección de las mujeres operan como aparatos propagandísticos, sin capacidad real de acompañamiento efectivo. Tampoco se pronuncian ante los casos de violencia, criminalización y encarcelamiento de dirigentes políticas, activistas y familiares de presos, víctimas de persecución y desaparición forzada.
Desde el Partido Comunista de Venezuela exigimos la adecuación urgente de políticas públicas que contribuyan realmente a erradicar la violencia contra las mujeres, comenzando por el respeto pleno de sus derechos y de su dignidad humana.
Rechazamos la represión y la violación cotidiana de derechos humanos que sufren las mujeres venezolanas. Denunciamos el lenguaje estigmatizante utilizado por voceros gubernamentales contra mujeres activistas, organizaciones de base y familiares que claman por justicia, como las Madres en Defensa de la Verdad o familiares de presos políticos.
Llamamos a las mujeres trabajadoras a organizarse y exigir:
Una nueva institucionalidad que proteja realmente los derechos de las mujeres.
El fin de la impunidad en los casos de violencia de género.
La restitución de los derechos laborales, hoy arrebatados.
El respeto a los derechos democráticos y políticos de las mujeres, garantizando su participación y organización.
El cese de la represión, persecución y desaparición forzada como mecanismos de criminalización de las luchas populares.
BURÓ POLÍTICO DEL COMITÉ CENTRAL
PARTIDO COMUNISTA DE VENEZUELA (PCV)
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